Corte revocó prisión preventiva de carabinero formalizado en caso Campillai: Fallo estableció que imputado tiene arraigo familiar y no presenta antecedentes penales

 

Según estableció el tribunal de alzada de San Miguel, “otras medidas cautelares, distintas de la prisión preventiva, son suficientes para asegurar los fines de la investigación y de la sentencia que en su oportunidad se dicte, como también la seguridad de la sociedad”.

 

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de San Bernardo el pasado 28 de agosto, para ex oficial de Carabineros Patricio Maturana Ojeda, quien fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas, en el marco de la investigación del denominado caso Campillai.

En fallo dividido (causa rol 2.915-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Teresa Letelier, María Alejandra Pizarro y Dora Mondaca– revocó la resolución impugnada y dejó sujeto a Maturana Ojeda a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

“(…) con los antecedentes hasta ahora allegados a la causa e invocados en la audiencia para la vista del recurso de apelación que ahora se resuelve, otras medidas cautelares, distintas de la prisión preventiva, son suficientes para asegurar los fines de la investigación y de la sentencia que en su oportunidad se dicte, como también la seguridad de la sociedad”, establece el fallo.

Y agrega que “(…) se observa que el juez a quo ha impuesto la medida de prisión preventiva fundada en el criterio de peligro para la seguridad de la sociedad, factor que conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del referido artículo 140, exige al tribunal considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla”.

“Examinados los antecedentes del imputado Patricio Maturana Ojeda bajo la óptica de esos parámetros sentados por el artículo 140 del código adjetivo, se obtiene que el único que concurre a su respecto es el primero: el delito que se le atribuye tiene asignada pena de crimen; presupuesto que como se anotó en el fundamento 4º) de esta resolución, se encuentra enfáticamente contradicho”, continúa la resolución, acordada con el voto en contra de la ministra Letelier, quien –en atención a la forma de comisión del ilícito, la magnitud del daño causado a la víctima y que fue ocasionado por un agente del Estado– estuvo por confirmar el dictamen de primera instancia por estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Revise el fallo completo aquí.

 

Resolucio´n IC 2915-2020-Penal (1)
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